La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno está ultimando un «marco normativo» para que los titulares de autorizaciones como de concesiones de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DMPT) puedan adecuar el pago del canon, aplazar su pago hasta final de diciembre y, en algunos casos, ampliar el espacio de ocupación permitido.

Durante la sesión de control del pleno del Senado, Ribera ha respondido a una pregunta parlamentaria formulada por el senador de ERC Jordi Martí Deolufeu en ese sentido. El senador de ERC ha planteado prácticamente las medidas que a contiuación ha presentado la ministra.

En concreto, el senador republicano ha propuesto liquidar el canon, bonificar el 50 por ciento del canon a todos los afectados por el estado de alarma y que se autorice de forma excepcional un aumento de superficie ocupada a los concesionarios y, además, dicha ampliaciión no se tendrá en cuenta a la hora de calcuar y liquidar el pago que proponen que se postponga seis meses tras la finalización del estado de alarma y permitir el fraccionamiento del mismo.

En su intervención, la vicepresidenta cuarta ha lamentado que los titulares de estas autorizaciones se han visto «enormemente afectados» por las restricciones debidas al estado de alarma provocado por el coronavirus en España y, por ello, están «ultimando» un marco normativo que permitirá «adecuar el pago» del canon por la ocupación del DMPT para que se puedan desarrollar las actividades habilitantes en todo el territorio.

Asimismo, ha añadido que la norma que están preparando es «proporcionada y razonable» porque «fundamentalmente» introduce la adecuación proporcional al pago del canon al uso efectivo que se haya podido hacer durante toda la anualidad, en definitiva, de la temporada, ya admite que desde el mes de marzo han estado afectados «de forma importante» la mayor parte de estas actividades.

Sin embargo, Ribera ha añadido que ve «difícil» hablar de una «ampliación general» del espacio disponible o concesionado que, en todo caso podría hacerse «siempre y cuando» se respeten los usos públicos de las de las playas, «cosa que no siempre ocurre dependiendo de la orografía de cada playa».

En definitiva, ha explicado que la decisión respecto a la reducción de esa contribución será «proporcional» y tendrá como referencias «más importantes la excepción –cuando no ha habido posibilidad de uso en ningún caso–, la limitación del aforo o la inclusión de distancias que supone de facto una limitación del aforo.

Finalmente, ha aclarado que la norma contempla la devolución de los importes del canon que ya hayan sido pagados en las demarcaciones hidrográficas de costas y también ha adelantado que ve «razonable» retrasar o dar un «plazo adicional» para la liquidación «definitiva» de seis meses después de que haya acabado el estado de alarma.